La “normalización lingüística”, una anormalidad democrática. El caso gallego. Texto de Pedro Insua @PedroInsua1

Este es el título del libro que, en 1993, publicara (editorial Siglo XXI) el tristemente fallecido Manuel Jardón, y en el que se ponía de manifiesto con meridiana claridad el carácter “opresivo”, así lo dice Jardón, de la “transición lingüística” operada a raíz de la constitución autonómica de Galicia. La filtración en las leyes estatutarias y autonómicas de la ideología nacionalista dominante (dominante en el ámbito administrativo e intelectual, incluyendo el educativo, y no tanto socialmente) fue llevada a cabo además, en el caso gallego, por un partido, el hegemónico en Galicia durante todo este período (la AP de Fraga convertido en el PP actual) que, en principio, no se caracterizaba por dicha ideología nacionalista fragmentaria. Más bien al contrario, y así lo siguen creyendo muchos, se caracterizaba (y sigue haciéndolo) por una ideología, digamos, “unionista”, por lo menos así figura en su programa, contraria a la fragmentación de España.

Sin embargo, y esto es quizás lo más llamativo de ese “caso gallego” (siguiendo un poco el tópico, si se quiere, del encuentro con un gallego en una escalera), no hizo falta un PNV o una CiU a la gallega para que se colase la ideología nacional-fragmentaria en el ordenamiento jurídico autonómico gallego. En efecto, para que ello ocurriera fue suficiente con Manuel Fraga y su partido, a pesar de su unionismo programático (y que algunos califican, algo absurdamente, para deslegitimarlo de “nacionalismo español”).

Y es que es desde esta ambigüedad, nosotros diríamos esquizofrenia, desde la que actúa el PP de Galicia, a la postre principal artífice responsable, y no otro, del ordenamiento jurídico autonómico gallego, que asume como válida (y por tanto legítima) la tesis (nacionalista) del carácter nacional de Galicia (y se legisla de hecho como si así fuera). Y todo ello, insistimos, a pesar de que en el terreno programático, de la propaganda y de las manifestaciones públicas, los representantes y dirigentes del PP no pongan en cuestión la unidad de España como nación, o, incluso, defiendan dicha unidad frente a la amenaza separatista.

Para muestra, sin ir más lejos, el botón de la pasada celebración del 25 de julio, día de Santiago Apóstol, que se asume, por parte de las autoridades (con Feijoo a la cabeza), como día “nacional” de Galicia (idea esta promovida desde 1919 por las Irmandades da Fala), soslayando el hecho, prácticamente descartándolo, de que haya sido tradicionalmente un santo vinculado a España, desde época medieval, en tanto que “patrón” suyo (Santiago Matamoros, precisamente, representa la pugna contra el Islam en la que se forjó España, siendo Santiago Apóstol, en palabras de Américo Castro, el “anti-Mahoma”). Es decir, se asume institucional y oficialmente una idea que tiene su origen en corrientes ideológicas nacional fragmentarias (como las Irmandades da Fala de Vilar Ponte, que defendía, entre otras cosas, segregar –“arrancar como mala hierba”, son sus exactas palabras- a los gallegos que se sintieran más españoles que gallegos), y se desecha la idea del patronazgo del santo para toda España, al no hacerlo festividad a nivel nacional, a pesar de que en muchas localidades y municipios de España sí lo es (precisamente en razón de ese significado tradicional anti-islámico). Una festividad común, nacional española, como es la de Santiago Apóstol, se convierte, a través de esta asunción y complicidad institucional, en una festividad “propia” de Galicia.

La situación se agrava cuando esta restricción de la propiedad, que tiene que ver con la apropiación fragmentaria de una parte del territorio nacional español por parte de estos grupúsculos nacionalistas (ya lo decía Ramón Cabanillas: “a nosa terra é nosa”), se extiende también a la lengua y se convierte al idioma gallego en “lengua nacional” de Galicia en tanto que “lengua propia” (excluyendo al español).

Y es que, en efecto, uno de los tópicos más repetidos en relación a las lenguas vernáculas regionales existentes en España, y de nuevo por infiltración de la ideología nacional-fragmentaria, es el que se ocupa de considerarlas como lenguas “propias” de la “comunidad autónoma” correspondiente. Particularmente los Estatutos de Autonomía, así como, en general, el ordenamiento jurídico relativo a estas lenguas, insisten en ello una y otra vez.

En el Estatuto de Galicia, por ejemplo, art. 5, se dice, sin más, “la lengua propia de Galicia es el gallego”. Queda excluido por tanto el español, parece deducirse, como lengua “propia” de la región, viéndose así este desplazado a la condición de lengua adventicia, impropia, postiza, extraña en fin. Cuando además, desde instancias oficiales (ya no de sectores más o menos marginales) –sin ir más lejos, desde la web de la Xunta de Galicia-, se habla de la “imposición” del español durante siglos en dicha región y de la “normalización”, necesaria, como compensación de tal imposición, para restaurar la “lengua propia”, entonces es imposible, desde tales premisas, evitar la obstaculización, cuando no directamente el impedimento o negación del uso y aprendizaje del español en dichas regiones: el español, esta es la evidencia incontrovertible que alimenta la legislación, ha desplazado violentamente a las lenguas vernáculas a la marginalidad, a la “anormalidad” y, ahora, con la democracia hay que devolverles a esas lenguas su dignidad, el lugar natural que les corresponde como “lenguas propias”, frente al español extraño e invasor.

Es más, atendiendo a la “filosofía de la Historia” galleguista implícita en tal legislación, los tres siglos (del XV al XVIII) en los que tiene lugar el desarrollo de España como potencia intercontinental (y a Galicia como parte suya) son llamados “siglos oscuros” para Galicia, suponiendo así que la “identidad gallega” queda anulada, desaparecida, durante este período (como si ser parte de España no representase ninguna identidad), para “renacer” en el XIX de la mano de Murguía, Rosalía, Pondal y otros próceres de ese llamado “Rexurdemento”. Así la “identidad española” (sea esto lo que fuera) se ve como algo completamente ajeno a “lo gallego”, de tal modo que, durante el período en el que aquella se manifiesta con mayor vigor histórico (el Imperio español), esta desaparece (o se mantiene muy en precario), volviendo a reaparecer, justamente, cuando España comienza a transitar el camino de su decadencia. Y así lo dice, con meridiana claridad, en su preámbulo la Ley de Normalización Lingüística de Galicia (15 de junio de 1983), actualmente en vigor: “El proceso histórico centralista acentuado con el paso de los siglos, ha tenido para Galicia dos consecuencias profundamente negativas: anular la posibilidad de constituir instituciones propias e impedir el desarrollo de nuestra cultura genuina cuando la imprenta iba a promover el gran despegue de las culturas modernas.

Sometido a esta despersonalización política y a esta marginación cultural, el pueblo gallego padeció una progresiva depauperación interna que ya en el siglo XVIII fue denunciada por los ilustrados y que, desde mediados del XIX, fue constantemente combatida por todos los gallegos conscientes de la necesidad de evitar la desintegración de nuestra personalidad.

La Constitución de 1978, al reconocer nuestros derechos autonómicos como nacionalidad histórica, hizo posible la puesta en marcha de un esfuerzo constructivo encaminado a la plena recuperación de nuestra personalidad colectiva y de su potencialidad creadora.

Uno de los factores fundamentales de esa recuperación es la lengua, por ser el núcleo vital de nuestra identidad. La lengua es la mayor y más original creación colectiva de los gallegos, es la verdadera fuerza espiritual que le da unidad interna a nuestra comunidad. Nos une con el pasado de nuestro pueblo, porque de él la recibimos como patrimonio vivo, y nos unirá con su futuro, porque la recibirá de nosotros como legado de identidad común. Y en la Galicia del presente sirve de vínculo esencial entre los gallegos afincados en la tierra nativa y los gallegos emigrados por el mundo.

La presente Ley, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución[1] y en el 5 del Estatuto de Autonomía, garantiza la igualdad del gallego y del castellano como lenguas oficiales de Galicia y asegura la normalización del gallego como lengua propia de nuestro pueblo.

Algo así como una Galicia española, es decir, Galicia en tanto que parte de España (que es lo que realmente ha sido históricamente hablando), es vista como una perversión de su propia identidad, de la propia identidad gallega (instituciones ajenas, cultura inauténtica, adventicia, no genuina), siendo así que, de lo que ahora se trata, con la Galicia autonómica surgida al amparo de la Constitución (española, por cierto) de 1978, es de restaurar su autenticidad (verdadera identidad), se supone, anterior a esa España centralista que se impuso secularmente (por supuesto, las fuentes de esa autenticidad no se aclaran en ningún momento en la legislación, supuesto que manan de los Reinos medievales dando por bueno que, de algún modo, la España medieval, anterior a los Reyes Católicos, no se puede identificar con la España moderna. En esa transformación, sea como fuere, Galicia se enajena, por así decir, se vuelve extraña a sí misma, involucrando en ello al propio idioma, el gallego, que se vuelve marginal frente a ese otro idioma extraño, el castellano, que “invade” violentamente, desplazando al gallego, los ámbitos de la vida social, política y literaria gallega.

Los hechos históricos -es decir, reales-, por el contrario, son bien distintos y se enfrentan a esta absoluta tergiversación de los mismos, una tergiversación, digamos, “conspiranoica” que se ha convertido, sin embargo, insistimos, en versión oficial e institucional: el gallego ha sufrido una conspiración por parte de las autoridades españolas (“castellanas”) que lo han marginado y, ahora, la Galicia autonómica (en una España democrática) tiene que “compensar” dicha situación, haciendo del gallego una lengua “oficial” (cosa que nunca ha sido) como lengua “propia” de la “nación” gallega.

En respuesta a esta idea “conspira-compensatoria” de las relaciones entre gallego y castellano, característica del galleguismo, Manuel Jardón, en unas breves líneas, fija muy bien las cosas sobre sus quicios históricos -reales-, frente a estas ficciones y veleidades nacional-fragmentarias. A saber:

¿Por qué el gallego, a pesar de su esplendor lírico, no llegó a ser lengua oficial del Estado?. Porque cuando de forma esporádica y embrionaria –Ordoño II (910-914), Sancho Ordóñez (926-929), García (1065-1071), Alfonso Raimúndez (1111-1126)- existió Estado gallego , el idioma oficial fue el latín, no el romance; y cuando las lenguas romances sustituyeron al latín como lengua del Estado, no existió en absoluto una Galicia independiente, con Estado propio, sino que fue solamente una parte más de la Corona de Castilla […]. ¿Cuál fue la causa de la profunda decadencia del gallego escrito durante la Edad Moderna, la voluntad hostil del Gobierno central, castellano, o la marcha de la Historia que era desfavorable al gallego? La respuesta es clara: no hubo ninguna inquina centralista contra el gallego; lo que marginó al gallego no fue la voluntad de Castilla, que por una parte fomentaba una cierta centralización dentro de sí misma, de la Corona de Castilla, a la que pertenecía Galicia, como parte del proceso inherente a la formación del Estado Moderno, y por otra experimentaba una gran expansión, y ejercía una hegemonía en Europa y en el resto del mundo, especialmente en América” (pag. 12).

Hegemonía, por cierto, de la que participaba Galicia con los mismos derechos plenos -hablar de “siglos oscuros” en referencia a este período es pura retórica galleguista- que otras partes del Imperio español, no hubo “opresión” de ningún tipo hacia los gallegos y Galicia como tal (de hecho, por poner un ejemplo entre mil, la localidad gallega de Bayona la Real tiene como fiesta grande la de la Arribada, es decir, la de la llegada de la Pinta tras el primer viaje colombino).

En definitiva, esta es la realidad histórica que señala Jardón, el castellano terminará dominando, como domina en la actualidad, por razones logísticas (en acertada expresión de Gustavo Bueno), y no por imposición política, en cuanto que fue favorecido, al ocupar Castilla una posición central, por la red de comunicaciones peninsulares, que después se consagrará con su expansión a América. No hubo, en fin, tal conspiración.

Pero además tampoco hubo nunca oficialidad en el gallego (como pretende hacernos creer el galleguismo), de tal manera que nunca se le puede devolver, haciéndolo actualmente lengua oficial de la comunidad autónoma, una oficialidad que nunca tuvo. El gallego real (el de los gallegohablantes), para bien o para mal muy dialectizado y ruralizado con el paso de los siglos, queda completamente pervertido y desvirtuado al encerrarlo en el lecho de Procusto de su “normalización” oficial.

Ahora bien, lo peor de todo no es eso (la perversión de la propia lengua gallega), sino que lo peor es el carácter “opresivo”, en términos de Jardón, que para la población gallega representa esa oficialidad, que ahora obliga al uso exclusivo del gallego cuando existe una lengua común, la española, igualmente oficial y que, sin embargo, se va marginando, incluso eliminando, de los ámbitos oficiales e institucionales (hoy en día en Galicia la administración, en hospitales, escuelas, etc., se dirige al ciudadano español solo en gallego).

Privar de esta manera del uso del español, lengua internacional, a generaciones de conciudadanos españoles (gallegos, pero también vascos, navarros, baleares, catalanes, valencianos) para confinarlos en un uso, por lo demás artificioso, de una lengua regional es algo efectivamente “anormal” desde un punto de vista democrático (la Constitución democrática solo habla –art. 3- del deber de conocerla en referencia al castellano, precisamente por ser la única que es común en España[2]), pero también desde un punto de vista intelectual, al obstaculizar , e incluso impedir, el uso de una lengua internacional que hablan 500 millones de personas (con todo lo que ello implica). Es decir, ya no solo se trata de que los ciudadanos españoles tienen derecho a que las instituciones (sean de ámbito nacional, autonómico o municipal) se dirijan a ellos (cualquiera sea el lugar en el que habitan de la geografía española) en la lengua común, derecho que se está sistemáticamente violando en las comunidades con otras lenguas cooficiales, sino también se trata de que los habitantes de dichas comunidades están siendo marginados al ofrecerles una formación muy precaria del español (y en español) cuando, igualmente, tienen el deber (constitucional) de conocerlo y el derecho (igualmente constitucional) de usarlo.

Pues bien, y en resolución, las leyes estatutarias y autonómicas, para quien quiera enterarse, están consagrando estas “anormalidades” anticonstitucionales. Cesar non super grammaticos.

[1] Artículo 3

  1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
  2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
  3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

[2] La Ley de Normalización Lingüística (1983) habla del “deber de conocer“ el gallego para todos los gallegos. Este artículo fue recurrido y el Tribunal Constitucional falló en contra del artículo con el siguiente argumento: “En concreto, conforme al art. 3.1 de la C.E. sólo respecto del castellano cabe predicar junto al derecho a usarlo, el deber de conocerlo. Primeramente, porque la cooficialidad de otras lenguas no tiene por qué suponer una obligación de conocerlas y, además, porque tal obligación (que, respecto al gallego, no viene recogida en el correspondiente Estatuto de Autonomía) seria inviable con arreglo a la Constitución. En efecto, ni para el legislador estatutario ni para el legislador autonómico es posible la imposición de ese deber, por resultar contrario a la Constitución. La singularidad del castellano, en cuanto que sólo para él se imponga constitucionalmente el deber de conocimiento, resulta de la exclusiva condición de idioma común a todos los españoles y lengua oficial del Estado. La significación jurídica de ese deber constitucional puede conectarse la prohibición de discriminación por razones lingüísticas que resulta del art. 14 de la C.E. en conexión con el mandato de su art. 10.2, ya que textos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su art. 2, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus arts. 2, 26 y 27, proscriben esa discriminación. Los poderes públicos, en cuanto que pueden presumir válidamente que todos conocen el castellano, al actuar únicamente en esa lengua no incurren en principio en discriminación que vulnere el art. 14” (http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-T-1986-17829).

 

 

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Autor: carmenalvarezvela

Abrí este blog para hablar de España y conforme ha pasado el tiempo, algunos amigos mucho más cualificados que yo colaboran para expresar nuestra común preocupación por los males que nos aquejan como nación. Otros participan escribiendo sobre música, cine, literatura, historia ... Debería cambiar el nombre del blog, "No me resigno", como mínimo por "No nos resignamos", ya veremos. Mi amigo Emmanuel M. Alcocer me dijo una vez que el peor error es el error de perderlo todo por no haber hecho nada. Pues ahí estamos, intentando hacer algo.

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