«… no es lo mismo el estado de derecho que un payaso. Y debería impedirse que el fugitivo siga sembrando cizaña por Europa no solo impunemente, sino cobrando el sueldo de parlamentario que le pagamos todos».
Me entristece el espectáculo de un magistrado del Supremo jugando al gato y al ratón con un prófugo de la justicia. Entiendo que probablemente el juez ha actuado con inteligencia de cara a dos objetivos: conseguir que Puigdemont pueda seguir siendo juzgado por todos los delitos que le imputa, y no solo por aquellos que un país extranjero pueda encontrar en su código penal, e impedir que una detención precipitada (que no evitaría la cuestión que acabo de citar) permita además al prófugo delegar su derecho de voto activo y quién sabe si el pasivo, es decir, ser elegido.
Ahora bien, no concibo cómo es posible que una cuestión de esta envergadura no haya sido hablada previamente por fiscal y magistrado. Sí, la justicia es independiente, pero estamos hablando del Supremo y del asunto de mayor trascendencia que se ha juzgado en varias décadas: rebelión y sedición nada menos, cometidas por una administración autonómica en bloque. ¿No tiene sentido suponer que la lógica aconsejaba que el fiscal le comentase al juez su intención de pedir la renovación de la Euroorden y este le anunciase su posición contraria? ¿Era necesario llegar a tener que plasmar en un auto judicial una estrategia que, pareciéndome inteligente como he dicho antes, sabemos positivamente que va a ser utilizada para desacreditar la justicia española en base a sus motivaciones?
A Puigdemont le ha salido en el juez Llarena un formidable rival, un maestro del ajedrez. Pero el gobierno debería colaborar a que ese maestro no se queme con autos innecesarios. Caramba, que esta petición no la ha planteado la acusación particular de Vox, sino el fiscal del Supremo. Un poco de mano izquierda debería suponérsele.
Luego está el inefable Zoido, valorando la posibilidad de que Puigdemont se le cuele en el maletero de un coche: blindamos fronteras con cientos de agentes y rodeamos el parlamento catalán para evitar que el ilustre prófugo logre alcanzar la pared y gritar “¡salvado!”. El problema es que a mí eso me recuerda inevitablemente esas películas de ladrones de guante blanco, en que un cuadro o una joya se protegen con desmesuradas medidas de seguridad cuando todos sabemos que el Raffles o el Fantomas de turno conseguirá su objetivo. A fin de cuentas, si los separatistas han conseguido colarnos en nuestras narices dos elefantes del tamaño de los referendos del 9-N y del 1-O, ¿no van a saber introducir al Muy Huidizo Presidente, que sé yo, en el carrito del catering?
No me gusta ver al estado, con toda su maquinaria, comportándose como el Coyote en pos del Correcaminos, utilizando artificios marca ACME para pillar al repelente plumífero. Debería marcarse una diferencia: no es lo mismo el estado de derecho que un payaso. Y debería impedirse que el fugitivo siga sembrando cizaña por Europa no solo impunemente, sino cobrando el sueldo de parlamentario que le pagamos todos. Es decir: no hay que blindar España para que el tipo no entre, sino que hay que asumir la responsabilidad que implicará detenerlo una vez aquí, aunque sea tras haber sido investido presidente de Tractoria. Y hay que mover los hilos diplomáticos y de servicios secretos para que Puigdemont, como cualquier prófugo de la justicia, se sienta perseguido de forma efectiva. Que tenga que ir huyendo y escondiéndose, en lugar de pavoneándose. Por dignidad y por prudencia. Dignidad porque el poder del estado no puede encogerse o agrandarse en función de las maniobras del personaje. Y prudencia porque… ¿se imaginan por un momento que pese a todas las medidas logra colarse en el parlamento?
Blog de Carmen Álvarez Vela 